Conagua se deslinda por muerte de trabajador en el acueducto; admite que el accidente pudo evitarse
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio por cerrado el caso del trabajador que perdió la vida durante la construcción de la segunda línea del acueducto de Ciudad Victoria, al asegurar que la dependencia no tiene responsabilidad alguna en los hechos. Sin embargo, en la misma declaración reconoció que el accidente pudo haberse evitado por la ausencia de mecanismos de protección en la zona donde ocurrió la tragedia.
El titular del Organismo de Cuenca Golfo Norte, Jaime Felipe Cano Pérez, sostuvo que la muerte de Cristian Alejandro Cárdenas, ocurrida el pasado 22 de junio en el kilómetro 28 de la carretera Victoria-La Marina, fue consecuencia de un accidente laboral registrado cuando un tubo colapsó durante las maniobras de construcción.
Para el funcionario federal, la responsabilidad recae exclusivamente en la empresa contratista, al señalar que la víctima era su empleado y no mantenía relación laboral con Conagua ni con la Comapa Victoria. Con ese argumento, descartó cualquier responsabilidad de las instituciones públicas involucradas en la ejecución de una de las obras más importantes para el abastecimiento de agua en la capital tamaulipeca.
No obstante, la postura oficial deja abiertas interrogantes. Aunque Cano Pérez afirmó que la Conagua exige a las constructoras cumplir con los protocolos de seguridad e incluso realiza inspecciones durante el desarrollo de la obra, también reconoció que el accidente pudo prevenirse debido a la falta de algunos mecanismos de protección en el sitio del siniestro.
La admisión resulta contradictoria: si existían deficiencias en las medidas de seguridad y la dependencia asegura supervisar el cumplimiento de los protocolos, surge la pregunta sobre si esos controles fueron realmente suficientes o eficaces para evitar una muerte que ahora se califica únicamente como un accidente laboral.
El funcionario también evitó pronunciarse sobre el respaldo brindado a la familia de la víctima. Señaló que la empresa debió hacerse cargo de los gastos funerarios, pero dijo desconocer si cumplió con esa obligación o si ya indemnizó a los deudos, pese a tratarse de un hecho ocurrido dentro de una obra financiada con recursos públicos.
