Sancionan con 777.8 mdp a cuatro funcionarios de Alimentación para el Bienestar por desvío de recursos
Ciudad de México. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa impusieron una sanción económica de 777.8 millones de pesos a cuatro funcionarios de Alimentación para el Bienestar (AliBien), así como inhabilitaciones y otras multas a otros 23 servidores públicos de varias dependencias federales por diferentes faltas graves y no graves en el servicio público vinculadas a desvío de recursos públicos.
La mayor sanción es contra AliBien, heredera de Segalmex, con la inhabilitación por 10 años y sanción económica de 777.8 millones de pesos a María G., René G., Miguel C. y Juan R., de la Dirección de Planeación, Precios de Garantía y Estímulos, así como de la Unidad de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).
Las investigaciones señalan que en 2019, durante el sexenio del presidente, Andrés Manuel López Obrador, estos funcionarios gastaron en exceso recursos del Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos para gastos de operación, además de usar indebidamente recursos de dicho programa para el Programa de Fertilizantes, en 2019.
A través de un comunicado, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa impuso inhabilitaciones a funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Pemex, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional, por usos indebidos de equipo y robo de bienes.
En la CFE, el trabajador Ramiro R., de la Zona Torreón, fue inhabilitado por un año y multado con 9 mil pesos tras comprobarse que recibió dinero para eliminar adeudos de luz en 2023.
En el caso del Instituto Nacional de Migración (INM), el empleado Shiddarta V. recibió una sanción económica de mil 380 pesos por sustraer bienes de la institución en 2021, además de inhabilitación por 1 año del servicio público.
En tanto, en materia de salud, el médico Carlos M., de la Unidad Médica Familiar 178 del IMSS en Jalisco, fue sancionado con inhabilitación de un año por tomar radiografías de pelvis a una paciente sin su autorización en 2022.
También se impusieron sanciones por faltas no graves a tres funcionarios de Pemex. Primero a Luis J., del Departamento de Tripulación y Operación y Mantenimiento Eléctrico en Chiapas, por dirigirse de forma irrespetuosa a sus compañeros e introducir bebidas alcohólicas al lugar de trabajo, en 2025, la sanción fue su destitución e inhabilitación durante tres meses.
Asimismo, la suspensión por 30 días a Margarita S. y Graciela P., de la Dirección Jurídica en Veracruz, por presentar de forma incorrecta una denuncia penal ante la FGR, en 2024.
En la SSPC, se inhabilitó por cuatro meses a Manuel S., del Centro Federal Readaptación Social No. 15 CPS-Chiapas, por introducir estupefacientes, en 2023.
Otras faltas no graves se comprobaron en la Coordinación de Operación y Evaluación Estratégica de la Ciudad de México del IMSS, por la falsificación de la firma del superior jerárquico para justificar un día no laborado, en 2024, por parte de Marco C, por lo que queda inhabilitado por tres meses y suspensión por 15 días a Yazmín V. del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte en la Ciudad de México, por faltas de respeto a otra servidora pública, en 2023.
Según la dependencia federal, las sanciones se impusieron conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta.
“Las personas sancionadas tienen derecho a impugnar, si lo hacen, esta secretaría defenderá las resoluciones con la misma firmeza con que fueron dictadas: apegadas a derecho, respaldadas en evidencia y anteponiendo la protección de los derechos de las personas afectadas”, asegura la secretaría.
Asimismo, exhortó a los ciudadanos a denunciar cualquier conducta contraria a los principios de legalidad, respeto e integridad mediante la siguiente liga: denuncias.gob.mx.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, reafirma su compromiso para erradicar la corrupción en la vida pública y promover la ética, la honestidad, la integridad y el buen gobierno para fortalecer la confianza en las instituciones de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. (Lilian Hernández Osorio/La Jornada).
