Histórico fallo de la Suprema Corte abre la puerta para demandar al Estado por daños de la administración pública
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo histórico que amplía el derecho de los ciudadanos a demandar al Estado mexicano por daños y perjuicios derivados de la actuación de la administración pública.
La resolución incluye a las empresas productivas del Estado, como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), estableciendo que también pueden ser responsables por los daños que ocasionen.
El criterio surge a partir de un caso en el que dos trabajadores de la CFE sufrieron un grave accidente laboral, con secuelas físicas permanentes que motivaron la intervención del máximo tribunal.
La SCJN determinó que las víctimas pueden exigir una reparación integral del daño, más allá de las prestaciones laborales tradicionales.
¿Quiénes podrán demandar al Estado?
Cualquier persona física o moral que sufra daños por una actividad administrativa irregular del Estado podrá demandar indemnización, según el nuevo criterio.
Esto incluye accidentes, omisiones, negligencias o fallas en servicios públicos prestados por dependencias gubernamentales u organismos estatales.
¿Cómo se podrá demandar?
Las víctimas deberán demostrar la relación directa entre el daño sufrido y la actuación indebida de la autoridad, mediante procedimientos de responsabilidad patrimonial.
El Estado deberá responder económicamente sin necesidad de probar dolo o culpa directa de un funcionario específico, lo que facilita el acceso a la justicia.
La Corte subrayó que la reparación debe ser proporcional, justa y suficiente, considerando daños materiales, físicos y psicológicos.
Un precedente clave
Especialistas consideran que este fallo representa un parteaguas en el sistema jurídico mexicano, al fortalecer la rendición de cuentas del Estado.
La decisión amplía las vías legales para que las víctimas accedan a la justicia y protege de forma más amplia los derechos humanos.
Con este precedente, la SCJN reafirma que el Estado debe asumir las consecuencias de los daños que cause, consolidando un avance significativo en responsabilidad pública.
