Corte IDH responsabiliza al Estado mexicano por la violación y muerte de Ernestina Ascencio
Agencias/Nacionales.
Soledad Atzompa, Veracruz, 16 de diciembre de 2025.— La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró al Estado mexicano responsable por la violación sexual, tortura y muerte de Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena náhuatl de 73 años, ocurridas en 2007 en la Sierra de Zongolica, Veracruz, durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón.
En su sentencia, el Tribunal determinó que la agresión sexual cometida por elementos del Ejército mexicano constituyó un acto de tortura que, aunado a la falta de atención médica adecuada, provocó la muerte de la víctima. Los hechos ocurrieron el 25 de febrero de 2007 en la comunidad de Tetlalzinga, tras la instalación de un campamento militar cercano a su vivienda.
De acuerdo con la resolución, Ernestina Ascencio sufrió graves daños físicos y psicológicos. Aunque fue trasladada durante aproximadamente 10 horas en busca de atención médica, falleció la madrugada del 26 de febrero en el Hospital Regional de Río Blanco, sin haber recibido intervención quirúrgica. La Corte acreditó que el hospital carecía de servicios accesibles y de intérpretes en lengua náhuatl, lo que impidió una adecuada comunicación con el personal de salud.
La sentencia señala que el Estado mexicano violó diversos derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como en la Convención de Belém do Pará y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Además, concluyó que la investigación ministerial estuvo plagada de estereotipos de género, edad y origen étnico, y fue cerrada de manera prematura, negando justicia a los familiares de la víctima.
La Corte también documentó que los hijos e hijas de Ernestina Ascencio fueron objeto de presiones e intimidaciones para desistir de su demanda, vulnerando su derecho a la verdad y a la integridad personal. Asimismo, criticó la postura inicial de autoridades locales y federales que atribuyeron la muerte a “causas naturales”, versión respaldada públicamente por el entonces presidente Calderón.
Como parte de las medidas de reparación, el Tribunal ordenó reabrir la investigación penal, brindar atención médica y psicológica a la familia, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad, capacitar a funcionarios públicos, fortalecer el Centro de Atención Especializada de Soledad Atzompa y crear un Registro Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas.
Organizaciones como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos habían denunciado previamente una red de impunidad y misoginia en el caso. Con esta resolución, la Corte IDH reafirma la responsabilidad del Estado mexicano en graves violaciones a los derechos humanos y refuerza la exigencia de justicia para las mujeres indígenas en contextos de militarización y discriminación estructural.
