COLUMNA:ÍNFULAS

Ante la propuesta del gobierno de Estados Unidos de aplicar un impuesto del 3.5% a las remesas enviadas desde su territorio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, convocó a los mexicanos con doble nacionalidad que viven en ese país a manifestarse en contra de la medida. La mandataria pidió a los connacionales enviar cartas al Senado estadounidense y, además, advirtió sobre la posibilidad de organizar movilizaciones para presionar por la NO aprobación del gravamen. Pero cabe preguntarse: ¿esta estrategia será efectiva o, por el contrario, podría resultar contraproducente?

Más allá de las buenas intenciones que puedan sostener esta “invitación a la inconformidad”, es preocupante que se convoque desde el gobierno mexicano a intervenir en un proceso legislativo de otro país, y más aún en un contexto de creciente tensión política entre México y Estados Unidos. La visibilización del descontento podría exponer a nuestros compatriotas, documentados e indocumentados, a mayores riesgos, sobre todo en un clima de endurecimiento de políticas migratorias.

No se puede ignorar el antecedente de la administración de Donald Trump, caracterizada por su retórica antimexicana y su propensión a responder con desdén y represalias ante cualquier señal de lo que percibe como intervencionismo extranjero. Si a eso le sumamos el reciente anuncio del envío de 1,115 militares adicionales a la frontera con México por orden del propio Trump, el escenario se torna aún más delicado.

En Estados Unidos residen alrededor de 40 millones de personas de origen mexicano, incluyendo a ciudadanos de primera, segunda y tercera generación. Ellos enviaron a México más de 64 mil millones de dólares en remesas durante el último año, un flujo vital para millones de familias en nuestro país. No sorprende, entonces, que el gobierno estadounidense busque capitalizar parte de ese recurso. Lo que sí resulta desconcertante es la respuesta del gobierno mexicano: en lugar de diseñar una estrategia diplomática y económica para mitigar el impacto de un posible impuesto, opta por una confrontación pública que podría terminar afectando a quienes más contribuyen a nuestra economía desde el exterior.

La solidaridad con nuestros connacionales debe expresarse con inteligencia y responsabilidad. En lugar de amenazas o exhortos que pueden interpretarse como provocaciones, la presidenta Sheinbaum haría mejor en instalar mesas de diálogo con gobernadores, legisladores y expertos para diseñar una respuesta estructurada, que incluya apoyo fiscal, alternativas económicas y una defensa firme, pero diplomática, de los intereses de los migrantes mexicanos.

La indignación puede ser legítima, pero no debe convertirse en combustible para decisiones imprudentes.

Por hoy es todo. Gracias y hasta pronto.