COLUMNA:ÍNFULAS

Por más de dos décadas, la carretera Rumbo Nuevo fue vista como un logro de conectividad y desarrollo en Tamaulipas. Inaugurada el 10 de octubre de 2003, tras una inversión multimillonaria, más de 2,000 millones de pesos, se consolidó como una de las obras más costosas por kilómetro en el país. Ahora, 21 años después, esa obra que nació como patrimonio de los tamaulipecos ha sido entregada, por decisión del actual gobierno, al negocio de la privatización por 30 años.

Sí, lo que ayer era gratuito y se pagó con recursos públicos, en unos meses será una carretera de cuota. El gobierno estatal concesiono la Rumbo Nuevo a la empresa Pinfra, que pagó 1,447 millones de pesos por los derechos de operación y rehabilitación de los 37 kilómetros que conectan a Ciudad Victoria con Jaumave y la ruta hacia San Luis Potosí y la Ciudad de México. De ese total, 654 millones fueron para “comprar” la carretera, una que ya existía, y el resto se destinará a repavimentar y “modernizar” lo que ya estaba hecho.

La pregunta es incómoda pero inevitable: ¿Era necesario privatizar? ¿Pagaremos ahora y hasta el 2053, o tal vez por más tiempo si se renueva la concesión, por circular por una carretera que ya nos pertenecía? ¿Alguien leyó las letras chiquitas?, porque la concesión permite la posibilidad de extenderse indefinidamente, si así lo acuerdan ambas partes.

La justificación oficial apela a la seguridad: en tres años se registraron 147 accidentes y 53 muertes. Sin embargo, este dato, aunque doloroso, no es excusa para entregar el control de una vía estatal a una empresa privada. Porque el problema no era la carretera como tal, sino su abandono: falta de iluminación, señalética deficiente, mantenimiento nulo. La solución no era entregarla, sino invertir en ella.

La paradoja es cruel: hoy, mientras nos preparan para pagar peaje, seguimos circulando por un tramo con líneas borradas, señalización deficiente y riesgo constante. Y aunque prometen infraestructura moderna, iluminación y servicios, el historial de muchas carreteras concesionadas en el país nos invita al escepticismo.

Y si usted cree que al menos tendrá un seguro incluido con su peaje, revise bien. La Ley de Caminos y Puentes obliga a incluir ciertos beneficios al viajero: seguro de responsabilidad civil, auxilio vial y señalización adecuada. Pero ojo: todo esto está sujeto a interpretación y cumplimiento por parte de la concesionaria. Si no le cumplen, anótelo: puede quejarse con la SICT o con la Profeco. Tal vez lo escuchen… tal vez no.

Mientras tanto, la obra sigue a medias. Según Pedro Cepeda Anaya, secretario de Obras Públicas del Estado, la carretera lleva un 50% de avance, igual que la caseta. En teoría, todo estará listo en noviembre.

Cuando llegue ese día y baje la pluma de la caseta, cada cruce por la Rumbo Nuevo será un recordatorio de que no todo lo legal es justo, ni todo lo público permanece como tal. Esta concesión, disfrazada de modernización, representa mucho más que un cobro por transitar: es el precio de una decisión tomada sin consenso, una afrenta al patrimonio estatal y un abuso disfrazado de progreso. Y aunque el impacto económico recaerá en los bolsillos de los ciudadanos, el costo político quedará en la memoria de los tamaulipecos.

Por hoy es todo. Gracias y hasta pronto.