COLUMNA: ÍNFULAS “Cuando los notarios fallan… y el Estado calla”

Por: Luz Elena Hernández Niño. Abogada.

En teoría, los notarios en México tienen una misión incuestionable: dar certeza jurídica. Así lo establece la ley y así lo repiten en foros académicos, campañas institucionales y documentos oficiales. Son figuras de confianza, intermediarios entre el ciudadano y el Estado, cuya firma da legalidad y protección a los actos de nuestra vida, desde una compraventa hasta un testamento.

Lamentablemente, en muchos casos, los notarios no actúan como garantes de la legalidad, sino como beneficiarios de una red de favores políticos. Porque, aunque la ley establece ciertos requisitos para obtener un Fiat notarial, la realidad es que estos cargos siguen siendo entregados como premios de consolación, herencias políticas o simples favores del gobierno en turno. El resultado: funcionarios públicos con poder legal pero sin compromiso humano ni profesional.

En Tamaulipas, hay un historial amplio de irregularidades en notarías. Varias con quejas documentadas que podrían ameritar la revocación del Fiat, pero la mayoría nunca llegan a investigarse, porque seguimos arrastrando una enorme carencia de cultura de denuncia y, peor aún, un aparato institucional cómplice o indiferente.

Casos hay muchos, pero le citare dos. En una notaría de Ciudad Victoria, operada por el hijo de un conocido priista que, en su momento, fue director de la Facultad de Derecho de la UAT. Mientras estaba en la sala de espera, lo que vi y escuché me indignó: un desfile de ciudadanos con rostros angustiados, cargando papeles, errores y frustración. Uno tras otro, expusieron fallas graves, pero recibieron respuestas frías, evasivas o simplemente despectivas.

El primero, un vecino de un ejido de esta capital, que con voz quebrada pedía hablar con el notario porque en su escritura apareció un terreno que ni siquiera era suyo. Temía ser acusado de despojo. La respuesta del personal fue lapidaria: “No fue nuestro error. Vaya al Registro Público. Allá arréglese… y pague de nuevo.” El hombre insistía, del Registro lo mandaron con el notario. ¿Y entonces quién responde? Nadie.

El otro caso es más cercano, en Tula, mi tierra, a raíz de una herencia familiar acudieron a escriturar un terreno. Pero el notario asentó que el predio estaba en Ciudad Victoria y no en Tula, es decir, 150 kilómetros de distancia, además, la escritura decía que era resultado de una compraventa y no de una sentencia judicial. Un error garrafal. Lo más grave: les querían cobrar otra vez para corregirlo. ¿La explicación? “No es mi responsabilidad”.

¿De qué sirve entonces la fe pública si no se respalda con responsabilidad? ¿De qué sirve el título de notario si el ciudadano termina desprotegido y revictimizado?

No son casos aislados. No fue una coincidencia que ese día presenciara queja tras queja. Algo está podrido en el sistema notarial de Tamaulipas.

Y mientras tanto, ¿qué hacen nuestros representantes? En vez de abrir la discusión sobre la vigilancia real de las notarías, los diputados se toman selfies con el Colegio de Notarios y firman convenios de “colaboración”. Como lo hizo recientemente Humberto Prieto, diputado local de Morena, prometiendo alianzas para “fortalecer los derechos de las personas”. ¿De verdad? ¿Eso creen que es suficiente frente al drama diario que viven cientos de familias afectadas por errores notariales?

Tamaulipas necesita notarios preparados, sí, pero también mecanismos efectivos de supervisión, sanción y reparación. Porque no se trata de castigar por castigar, sino de que el servicio notarial responda a lo que la ley dice que debe ser: una protección, no una trampa.

En un país donde la ley muchas veces se percibe como un privilegio de pocos, el notario debe ser el rostro confiable del Estado ante el ciudadano. Si no puede cumplir con eso, el Estado tiene la obligación de intervenir. Y ya no con diplomacia ni convenios, sino con revisión de fondo, con consecuencias y con voluntad política.

No se puede permitir que el error de uno, arrogante, heredado o improvisado, se convierta en la ruina de otro. Porque cuando los notarios fallan y el Estado calla, la justicia deja de ser un derecho y se vuelve una ficción.

Por hoy es todo. Gracias y hasta pronto.