Corte avala que patrones garanticen vivienda y alimentación para trabajadores del campo y sus familias
Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló este miércoles la obligación de los patrones de garantizar a los trabajadores del campo vivienda temporal digna y gratuita, alimentación sana y suficiente, servicios sanitarios y atención médica, al declarar constitucional la reforma de enero de 2024 a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro Social.
Por unanimidad, el Pleno aprobó tres proyectos de la ministra Yasmín Esquivel Mossa y negó el amparo a las empresas Agrícola Alerco, Agriexport y Agrícola Reyes Pesqueira, que impugnaron las disposiciones de los artículos 283 y 284 de la Ley Federal del Trabajo con el argumento de que prestaciones como la vivienda corresponden al Estado y no a los particulares.
La ministra sostuvo que las aportaciones patronales al Fondo Nacional de la Vivienda y la obligación de proporcionar habitaciones dignas durante la relación laboral tienen finalidades distintas y operan en ámbitos normativos diferentes, por lo que una no sustituye a la otra.
“La reforma al artículo 283 de la Ley Federal del Trabajo parte de que el derecho a una vivienda adecuada también puede satisfacerse mediante el uso temporal de un inmueble que reúna las condiciones mínimas de habitabilidad reconocidas internacionalmente”, dijo.
El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz señaló que el tema es de gran impacto, pues afecta a miles de personas, fundamentalmente indígenas.
“Yo he sido testigo que, terminando el ciclo escolar, llegan muchos camiones las cabeceras municipales, a las cabeceras de distrito, y se llevan familias completas del sur al norte del país para trabajar en el campo, en condiciones muy precarias.
“Yo recuerdo que en el año 2015 un gran número de migrantes de San Quintín, de Ensenada, hicieron una gran movilización para reclamar mejores condiciones laborales. En aquella época tuve la oportunidad de acompañarles en algunos momentos. Se les pagaba 70 u 80 pesos al día, es decir, 2 mil 100, 2 mil 803 o mil pesos y vivían hacinados, en condiciones infrahumanas. Les ponían prácticamente tiendas de raya. Son condiciones, la verdad, lacerantes”, dijo.
La ministra Lenia Batres Guadarrama expuso una radiografía del país en cifras, exponiendo que datos oficiales hablan de que 3.4 millones de personas laboran en este sector de los cuales más del 80 por ciento trabajan en la informalidad.
“No obstante de que se trata de un sector esencial para la economía y las necesidades alimentarias, históricamente, ha enfrentado condiciones de alta marginación y carencia de acceso efectivo a derechos básicos, como vivienda, educación, alimentación y salud”, señaló.
En tanto, la ministra Loretta Ortiz Ahlf dijo que la intención del Poder Legislativo sobre la reforma del 2024, “lejos de imponer cargas arbitrarias a las personas empleadoras, atendió a una realidad social que, históricamente, ha colocado a este sector en una situación de especial vulnerabilidad”.
“No puede perderse de vista que el trabajo agrícola suele desarrollarse en zonas alejadas de los centros de la población, en condiciones que dificultan el acceso efectivo a la vivienda, alimentación, servicios de salud y demás condiciones indispensables para una vida digna”, declaró. (Iván Evair Saldaña/La Jornada).
