Proponen tipificar la violencia digital en Tamaulipas
Entre la protección del honor y el riesgo a la libertad de expresión
Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El diputado local de Morena, Francisco Adrián Cruz Martínez, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de Tamaulipas con el objetivo de establecer un tipo específico de violencia digital, enfocado en sancionar los insultos, agravios y difamaciones en redes sociales.
La propuesta plantea multas económicas y trabajo comunitario como sanciones proporcionales a quienes, mediante plataformas digitales o medios electrónicos, emitan ofensas, acusaciones infundadas o información falsa que afecte el honor, la reputación, la credibilidad o el principio de inocencia de personas físicas o morales, tanto públicas como privadas.
Según el legislador, las sanciones serían de uno a tres meses de trabajo comunitario, con jornadas de dos horas diarias, y multas de 50 a 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA). En casos donde las conductas sean reiteradas, anónimas o tengan fines de daño social, las penas podrían incrementarse hasta en una mitad.
Cruz Martínez argumentó que el vacío legal actual obliga a las víctimas a recurrir a la vía civil, un proceso que calificó como “lento y costoso”, lo que deja desprotegidos a ciudadanos, empresas e instituciones ante ataques digitales que pueden causar graves daños a la reputación. “Esta iniciativa busca proteger la dignidad y el honor de las personas en el entorno digital, fortaleciendo la paz social y la confianza en las instituciones”, sostuvo el diputado.
No obstante, aunque la propuesta busca llenar un vacío legal frente a las agresiones en internet, abre un debate necesario sobre los límites entre la protección del honor y la libertad de expresión. Expertos en derechos digitales han advertido que iniciativas similares en otros estados han generado riesgos de censura o criminalización de la crítica pública, especialmente hacia funcionarios o figuras con poder.
En un contexto donde las redes sociales son un espacio tanto de comunicación libre como de desinformación, la propuesta de Cruz Martínez plantea un desafío: cómo sancionar el abuso sin restringir el debate público ni coartar la expresión ciudadana. El Congreso de Tamaulipas deberá ahora analizar si el equilibrio entre estos derechos es posible sin vulnerar ninguno.
