Piden desde el Congreso investigar a jueza de lo familiar en Altamira por irregularidades en juicios de custodia

Las denuncias contra Roxanne Ibarra Canul, jueza del Juzgado Tercero de lo Familiar en Altamira, continúan acumulándose. Ahora, desde el Congreso de Tamaulipas se exigirá una revisión formal de su actuación, tras múltiples señalamientos de irregularidades en procesos de custodia que involucran a menores de edad.

La diputada de Morena Lucero Deosdady Martínez, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Diversidad, informó que su oficina ha recibido al menos seis quejas formales contra la jueza. El caso más reciente involucra a una niña de tres años, en el que presuntamente se ignoraron protocolos de género y el principio del interés superior de la niñez.

“La madre nunca fue escuchada, no hubo acompañamiento institucional y se violentaron garantías básicas”, denunció la legisladora.

Martínez advirtió que solicitará la intervención directa del presidente del Tribunal de Justicia, Hernán de la Garza Tamez, para que el recién creado Tribunal de Disciplina Judicial evalúe el proceder de Ibarra Canul.

Entre las principales anomalías reportadas destacan:

• Diligencias sin notificación a las partes

• Ausencia del DIF en momentos clave del proceso

• Uso excesivo de la fuerza pública en casos familiares

• Resoluciones que afectan directamente a niñas y niños

“La mayoría de las denuncias presentan patrones similares. No es un caso aislado”, subrayó la diputada.

Además, señaló que la indignación social ya trascendió el ámbito judicial, luego de una protesta ciudadana en Tampico, derivada de un caso ocurrido en Ciudad Madero. Las familias acusan resoluciones arbitrarias y decisiones judiciales que vulneran derechos fundamentales.

“No buscamos revictimizar a nadie, pero sí exigir que se escuche a quienes claman justicia”, afirmó Martínez, quien confía en que la reciente renovación del Poder Judicial permitirá una supervisión efectiva sobre jueces y magistrados.

Finalmente, recordó que con el nuevo modelo disciplinario, los jueces ya no serán evaluados por sus propias instancias, sino por un órgano independiente.

“Hoy ya no hay juez y parte. Este cambio es para proteger a todas las niñas y niños, no solo en un caso, sino en cada decisión que se tome”, concluyó.